Coste desproporcionado

Se dice de los costes que justifican una derogación de las obligaciones impuestas por  la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. Los costes desproporcionados se legitiman sobre todo por la incidencia del coste de los trabajos en el precio del agua y en las actividades económicas, comparada con el valor económico de los beneficios ambientales y otras ventajas esperadas. La desproporción se examina caso por caso a la vista de criterios tales como los medios financieros disponibles en el territorio concernido por la medida y dentro del (de los) grupo(s) de usuarios que soportan el coste (si solo se trata de familias, el umbral de desproporción estará especialmente ligado a su capacidad de pagar un agua sensiblemente más cara) o los beneficios de toda naturaleza que se esperan con el alcance del buen estado de las aguas en 2015 (producción de suministro de agua potable a partir de una capa acuífera sin tratamiento suplementario, restauración de humedales que contribuyan a la lucha contra las inundaciones, etc.). Si los actores de la cuenca justifican que el coste de una medida es desproporcionado, pueden aspirar a una derogación. El escalonamiento de la financiación de la medida hasta 2021 o incluso hasta 2027 (en lugar de hasta 2015) puede bastar para hacer que su coste sea aceptable.