Financiación

Coste total del agua, compuesto del coste ambiental, del coste del recurso y del coste del servicio.

Suma de los valores de uso y de los valores de no uso de un bien o de un servicio.

Tributo establecido por el Estado para luchar contra la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. En el caso de la contaminación, el impuesto ambiental consiste en imponer al contaminador un impuesto por unidad de contaminante emitida (que es igual al coste marginal de reducción de la contaminación). Un impuesto es económicamente más eficaz que una norma, ya que el esfuerzo de reducción de la contaminación se reparte de forma natural al menor coste.

Política destinada a condicionar la utilización del agua al pago de un precio. La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE exige a los Estados miembros que velen para que, de aquí a 2010, las políticas de tarificación inciten a los usuarios a utilizar el agua de forma eficaz, con el fin de evitar su despilfarro.

Pregunta relativa a la valoración de un bien, durante la realización de una valoración contingente, y que puede abordarse según diferentes modalidades. La primera de ellas corresponde a un sistema de subastas sucesivas crecientes o decrecientes. Ejemplo: se propone una cantidad al individuo y, según la respuesta de este (aceptación o rechazo), se propone una segunda cantidad (superior o inferior), después una tercera y así sucesivamente. Los reproches que se hacen a este mecanismo se deben, en su mayor parte al hecho de que las respuestas dependen mucho de la primera oferta.

Diferencia entre la disposición a pagar máxima para adquirir un bien y el precio de dicho bien.

Principio según el cual los usuarios del agua soportan, en la medida de lo posible, los costes inducidos por su utilización del agua: inversiones, costes de funcionamiento y amortización, costes ambientales e incluso, si es posible, los costes del recurso. Este principio también se denomina «recobro» de costes. Con respecto a este principio, la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE fija dos objetivos a los Estados miembros: para finales de 2004, y en el contexto del Informe de Situación, evaluar el nivel actual de recuperación, distinguiendo al menos entre los tres sectores económicos (industrial, agrícola y doméstico); para 2010, tener en cuenta este principio, particularmente, mediante el sesgo de la tarificación del agua. La directiva exige transparencia en la financiación de la política hídrica, pero no fija una obligación de recuperación total de los costes de los usos.

Mercado de permisos intercambiables que dan derecho a un actor (empresa, individuo, etc.) a emitir un contaminante o a aprovechar un recurso. El Estado fija un objetivo de calidad ambiental y distribuye o asigna la cantidad correspondiente de derechos. A continuación, los actores pueden comprar y vender estos derechos entre ellos, pero los contaminadores no podrán emitir más contaminantes de los que se le han permitido.